La verdad tras el asesinato de Jaime Guzmán, de Víctor Manuel Arce García

Si observamos las extrañas circunstancias que rodean el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, podemos constatar la existencia de un conjunto de hechos, conductas y declaraciones, algunos no suficientemente investigados o bien, aclarados y silenciados, junto con una larga lista de personas y entidades que directa o indirectamente se han visto involucrados en los mismos, y respecto de las cuales por diversas razones no ha sido posible hacer efectivas las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales del caso.

Jaime Guzmán Errázuriz, senador asesinado en 1991 y fundador de la Unión Demócrata Independiente libró una soterrada batalla en los ’70 contra el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA.

El dirigente de derecha, quien militó en Patria y Libertad durante la Unidad Popular, dijo en 1989, ante un grupo de estudiantes universitarios que Contreras carecía de sentido moral y que, en los 70, el gobierno de Pinochet era una suerte de “caballo chúcaro” al que los civiles “trataban de controlar”.

Su disputa con Contreras, sin embargo, no era personal sino ideológica. Representaban mundos y sistemas distintos, ambos dentro de la estructura que había derrocado a Allende, pero diferenciados por el modelo de sociedad que pretendían construir.

El director de la DINA, consciente del peso de Jaime Guzmán en la derecha chilena, no escatimó esfuerzos para vigilar sus pasos, intervenir su teléfono, investigar a sus amistades y crear un perfil político de su principal adversario.

El senador Jaime Guzmán Errázuriz fue asesinado, el día 1 de abril de 1991 en la entrada principal del Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile, ubicado en Avenida Battle y Ordóñez con Regina Pacis, comuna de Nuñoa, minutos después de haber terminado sus clases de Derecho Constitucional en esa casa de estudios. Siendo las 18:27 horas y cuando el automóvil del senador, un Subarú Legacy patente DE-3090, abandonaba el Campus Oriente de la Universidad Católica por calle Battle y Ordóñez, en el semáforo que se encuentra al frente de la entrada principal de ella (Diario “La Segunda”, 23 de Diciembre de 1996, página 14).

El senador fue trasladado en el mismo auto por su chofer, Luis Fuentes, hasta la sede de la UDI y de ahí al Hospital Militar, donde falleció cerca de las 21:30 horas a causa de las heridas de bala que dañaron todos los órganos de la región toráxica-abdominal, en especial el hígado. El auto del senador presentaba seis impactos de bala: dos en el tapabarro trasero, dos en la puerta trasera, uno en la puerta delantera bajo el espejo lateral y uno en el tapabarro delantero, todas en su costado derecho, y todos los vidrios del mismo lado y parabrisas trasero pulverizados. Según peritos, la munición empleada –calibre 45– es utilizada en armamento de guerra.

Vamos por partes: nadie en su justo juicio podría haber ejecutado a Jaime Guzmán, ya senador de la República. Para hablar y saber contar hay que leer y saber de historia. Dos semanas antes del asesinato de Jaime Guzmán, en una comida en la Embajada de Estados Unidos (ver Que Pása de la época) Jaime Guzmán estuvo de acuerdo de entregar a los EEUU a Manuel Contreras por el asesinato de Orlando Letelier y su secretaria Moffitt: en aquel instante, Jaime Guzmán fue condenado a muerte por Contreras.

Quien lo ejecutó es materia de otro análisis. Hoy se sabe que el Frente Manuel Rodríguez autónomo estaba infiltrado por la DINA y la CNI. Los autores de la ejecución son sujetos extraños a la cultura de la izquierda chilena, nadie en su análisis político podría haber planeado semejante y absurdo crimen político.

Los autores, infiltrados por la DINA y la CNI, fueron inducidos por Contreras que no quería ser enviado a EEUU como autor del magnicidio de Orlando Letelier y su secretaria estadounidense en la capital del imperio. Los chilenos y las chilenas debemos saber que nadie de los dominados pueden hacer atentados en el imperio. A Jaime Guzmán lo asesinó Pinochet, Contreras y los infiltrados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

A Raúl Ernesto Rojas Nieto le quedaba una última carta por jugar. Una carta que rompía su lealtad al Ejército pero lo salvaba de caer en contradicciones ante la Justicia. A fines de 2010, al declarar en el proceso judicial por el asesinato de Jaime Guzmán, el ex coronel y agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) había reconocido que uno de sus informantes estrella le había prevenido del atentado del que sería objeto en 1991 el senador y líder de la UDI por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). A ese informante lo conocía como El Noruego.

El agente Rojas Nieto no habló por iniciativa propia. Habló porque no le quedó otra opción cuando sólo días antes, el que fuera su superior y jefe máximo de la DINE, general (r) Hernán Ramírez Rurange, le contó al juez Mario Carroza que la información que hizo llegar oportunamente al general Augusto Pinochet, quien quedó de alertar al senador, le había sido proporcionada por el coronel Rojas Nieto. Este último admitió el hecho, pero en su primera declaración judicial aseguró no recordar el verdadero nombre de El Noruego. Entonces, como el juez programó un careo entre los dos militares, Rojas Nieto le mandó a decir que quería volver a declarar.

Raúl Rojas Nieto había recobrado la memoria.

En su segunda declaración judicial, el coronel (r) Rojas dijo que El Noruego, a quien también conocía por el apodo de Gustavo Benedetti, no era otro que Lenin Gilberto Guardia Basso. “Un informante de la DINE que me entregaba todos los trabajos a mí o a mi secretario personal”, detalló el ex agente DINE, quien agregó que “para tener calidad de informante se requiere de un periodo de tiempo anterior importante. Por ejemplo, yo llegué el año 1987 a la Dirección y pienso que él (Guardia) debe haber estado antes”.

Aunque Guardia negó tener calidad de informante, pues se definió como “una persona que se dedica a realizar análisis de la contingencia, todo ello de manera independiente”, sí reconoció ante el juez Carroza que “mantenía conversaciones de análisis” con personal de la DINE.

Conversaciones y negocios. Todo mientras asesoraba en materias de seguridad al subsecretario de Interior del gobierno de Aylwin, Belisario Velasco.

Pero sus contactos iban todavía más lejos. En el mismo proceso judicial por la muerte de Jaime Guzmán, un alto jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) aseguró que al menos desde fines de los ’80 Lenin Guardia mantenía contactos con la comandancia del FPMR. Esos contactos plantean un escenario perturbador. Si el Ejército de la época tenía acceso a la comandancia del FPMR, bien pudo inducir algunas de las acciones subversivas de mayor impacto político.

A fines de 1991, cuando Cristián Edwards aún se encontraba secuestrado por el FPMR, Lenin Guardia llegó hasta el despacho del subsecretario Velasco con una primicia. Traía el nombre de uno de los secuestradores, Ricardo Palma Salamanca, que además resultó ser uno de los dos pistoleros que disparó contra Jaime Guzmán.

“Le hice presente a Velasco que me parecía necesario que la información que le daba fuera trabajada por un organismo de investigación policial. Después de eso yo me desligué del asunto”, se lee en la declaración que el analista de inteligencia dio en 1996.

Según un funcionario del gobierno de la época que conoció este capítulo, Guardia puso precio al nombre de Ricardo Palma Salamanca: $30 millones. Un precio justo si se considera que gracias a ese dato la policía pudo resolver los dos casos que marcaron la transición política. Pero muy elevado atendiendo a que el soplo no fue fruto de un trabajo de inteligencia. Al menos no aparentemente. Se lo confidenció su pareja, la psiquiatra Consuelo Macchiavello Forni, quien tenía de paciente a la hermana de Ricardo Palma.

Dubilia María Consuelo Macchiavello Forni era parte de un equipo de profesionales de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) que asistía a víctimas de la dictadura. Entre esas víctimas se encontraba Marcela, la hermana de Ricardo Palma. Desde fines de los ochenta, cuando comenzó a confidenciarle secretos de su vida, Marcela Palma desconocía por completo que su psiquiatra era pareja de un analista de inteligencia de filiación socialista. Es más: ni siquiera había escuchado hablar de Lenin Guardia. Igualmente desconocía que su psiquiatra estaba emparentada con el general Herman Brady Roche por medio de la esposa de este, Inés Macchiavello.

Brady, ex ministro de Defensa de la dictadura y el único de los generales que tuteaba a Pinochet, fue el mismo oficial de Ejército a quien Lenin Guardia agradeció de haberlo salvado tras el Golpe de Estado. El mismo a quien en sus últimas declaraciones identificó como el hombre que lo vinculó al coronel Rojas Nieto y otros militares de la DINE. Y el mismo con quien se asoció en 1993 para hacer negocios en una empresa formada un año antes junto a otros militares. La sociedad tenía el nombre de Carlos Durán y Compañía Limitada y estaba especializada en seguridad.

La información sobre Guzmán que Lenin Guardia vendió al Ejército pudo haberla obtenido de primera fuente. Pero también, como dijo él a la justicia, pudo haberla recogida del gobierno de Aylwin, que unas semanas antes del asesinato de Jaime Guzmán recibió un informe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros alertando del hecho. El informe estaba basado en el contenido de panfletos firmados por el FPMR que amenazaban con matar a Jaime Guzmán y a Manuel Contreras.

En esas fechas, el FPMR tenía otros políticos en la mira a los que también espiaba sus rutinas. Francisco Javier Cuadra era uno de ellos, y en 2010, al reabrirse la investigación por la muerte del senador, aseguró haber sido alertado por el general (r) Jorge Ballerino del peligro que corría. Ese fue el primero de varios secretos de la transición que comenzaron a salir a luz. El segundo apunta a la responsabilidad de Pinochet en el asesinato de Jaime Guzmán: recordemos que la alta direcciones del Ejercito advirtió a los políticos como Francisco Javier Cuadra pero no a Jaime Guzmán que estaba en la mira de ser asesinados.

Nadie aún ha podido explicar por qué el entonces Comandante en Jefe del Ejército nunca advirtió a Jaime Guzmán del peligro que corría, pese a que se había comprometido a ello cuando el general Ramírez Rurange, jefe de la DINE, le confidenció el dato que trajo Lenin Guardia.

El asesinato de Guzmán ocurrió a la semana siguiente, pocos días después de que el Presidente Aylwin diera a conocer el Informe sobre Verdad y Reconciliación que sentaba una verdad histórica sobre las violaciones a los Derechos Humanos en dictadura. Como terminarían por reconocer los propios dirigentes del FPMR Autónomo, la muerte del senador UDI sólo podía favorecer a los intereses de un Ejército que demorará varios años en liberarse de la tutela de Pinochet.

LA VERSIÓN DE ENRIQUE VILLANUEVA

En esta misma dirección argumental, la declaración del periodista Pedro Ramírez Pinto, editor de la Revista Qué Pasa entre los años 91 y 97, reafirma lo anterior; en su reportaje Caso Guzmán (1994) dice que

Villanueva niega a militantes cercanos la participación en el asesinato del FPMR, manifiesta que no sabe y representa su molestia porque ello tendría consecuencias negativas para la organización, dando a entender que el FPMR no tenía nada que ver con el hecho.

Otro documento que coincide y reafirma lo dicho a favor de mi defensa es el informe del 16/08/1993, que el Subcomisario Barraza entrega a su jefatura en Investigaciones de Chile, relacionado a la muerte de Jaime Guzmán; en este documento oficial se lee textualmente: ‘por encontrarse fuera del país el dirigente máximo del FPMR el Comandante Salvador, asumió el mando de la organización el Comandante Chele’ y continua más adelante afirmando que, ‘la decisión política del homicidio de Jaime Guzmán, se ejecutó con desconocimiento del líder máximo Comandante Salvador y como una forma de quebrar las decisiones del Congreso del FPMR en marzo de 1991’.

Posteriormente en 1999 el mismo Subcomisario Barraza escribió un libro (pasquín), Tributo a nuestra Patria, en el cual cambia radicalmente su historia esgrimiendo que la muerte de Guzmán se planificó antes de 1990 y que yo fui parte de la Dirección del FPMR que tomó esa decisión. Este ex funcionario de investigaciones utiliza –para dar credibilidad a su historia– una fotografía donde aparecen dos personas con sus rostros cubiertos, para validar la existencia de la ‘Comandante Ana’ (una ciudadana francesa, que actúa como su informante), la que según él es quien identifica a los comandantes de la dirección nacional del FPMR. Quien se encargó de desvirtuar este burdo montaje de Barraza, fue el propio Consejo de Defensa del Estado (en 1996), cuando se le cita a declarar por una serie de contradicciones en sus afirmaciones, entre ellas ‘cómo logra identificar a la ‘Comandante Ana’ en circunstancia que la foto muestra una persona cuyo sexo se ignora y mucho más aún su posible identificación’. Hasta donde tenemos conocimiento estos argumentos y montajes elaborados por Barraza, además de otras especulaciones entregadas por algunos periodistas, por delincuentes y por lo que aportó Hernández Norambuena, conforman el inventario de acusaciones que fundamentan las presunciones de mi supuesta culpabilidad en la planificación de la muerte de Jaime Guzmán.

Pero cómo dije al inicio de este escrito, el objetivo político perseguido por la UDI es inculpar en alguna forma a los gobiernos de la Concertación, por esta razón se explica la insistencia en acusarme de ser un agente de la Oficina, como el eslabón que unía al gobierno y al FPMR con la muerte de Jaime Guzmán. En 1997 Hernández Norambuena entregó a través de su vocera, Lorena Astorga, mis datos personales a los medios de prensa, en específico al diario La Tercera, con el argumento de que ‘el Comandante Eduardo era un agente de la Oficina, por lo tanto un traidor’, a lo que luego se sumaron periodistas, supuestos testigos, quienes argumentaron y le agregaron que mi identidad correspondía a la del agente de la Oficina de Informaciones ‘Pablo Andrés’.

Pero en la búsqueda de la verdad y a través de un largo proceso de investigación, descubrimos que el agente de la Oficina, Pablo Andrés, que supuestamente era yo, fue identificado en 1996 ante la jueza Campusano, por López Candia, otro testigo, y su mujer, su declaración textual dice: ‘Pablo Andrés era (fojas 1.273) de unos 45 años, 1.80, grueso, corpulento, tez morena clara, mejillas rojas, pelo liso. Estuvo detenido entre el ’73 y el ’78 en Chacabuco, después según dice estuvo exiliado en Alemania comunista y habría viajado a Cuba’. Una representación física absolutamente lejana de la mía, posteriormente, en otra parte del expediente, aparece el número telefónico del agente Pablo Andrés, a través del cual López Candia recibía orientaciones y su pago mensual. Dicho teléfono resultó estar a nombre de un funcionario público de la Concertación, efectivamente ligado a la Oficina de Seguridad Pública. Sin embargo y a pesar de ratificar la descripción física que López Candia hizo ante la justicia en 1996, el año 2010 afirma que me reconocía como el agente Pablo Andrés. (A fojas 4.192, 07/09/2010).

Estos son algunos de los supuestos que conforman la batería de argumentos, por los cuales se me cita a declarar y por los cuales se dicta la prisión preventiva bajo la presunción de delito terrorista con resultado de muerte de Jaime Guzmán. Una decisión que contrasta con otro hecho objetivo, que en más de veinte años que lleva abierto esta investigación, nunca antes fui mencionado ni vinculado con la muerte de Jaime Guzmán.

Como lo demuestran los hechos relatados hasta aquí se trata de un proceso lleno de contradicciones, mentiras y vulgares montajes que, al menos a mí, como lo dije al principio, me recuerdan los peores días de la dictadura, los juicios con pruebas falsas o extraídas a la fuerza. A mi parecer en esta oportunidad la delación compensada cobarde de un mediocre y sectario, el oportunismo de quienes han pretendido sacar partido de este proceso y el odio intransigente de la UDI, dan lugar a un juicio cuyo fin es la acusación en sí mismo.

A partir de esto despliegan una serie de maniobras para prácticamente forzar la reapertura de la investigación Guzmán, cuyo punto de partida es la visita que en el mes de Mayo del 2010 el abogado querellante le hace a Hernández Norambuena en la Cárcel en Brasil. Paralelo a esto se le solicitó a la Corte de Apelaciones una rebaja de condena para Hernández Norambuena con el fin de extraditarlo a Chile a cambio de información, lo cual configura sin ningún espacio de dudas, un vulgar cuadro de delación compensada.

Posteriormente ya en manos de la justicia el caso, el Juez pidió a Investigaciones y a Carabineros por Oficio Nº 803-2010, del 15/09/2010, ‘se remita a la brevedad y de manera reservada a ese Tribunal, toda la información relativa a la estructura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el período comprendido entre los años 1990-1991’. Las conclusiones de la inteligencia de ambas policías, no fueron idénticas, carabineros me excluye y la PDI me incluye en la Dirección Nacional, siendo éste un factor esencial para decidir mi auto de procesamiento.

Esta imputación de formar parte de la dirección del FPMR en los años 1990-1991, se hace sin haber prueba de ningún orden que acredite tal responsabilidad durante ese período. El Informe de la PDI no señala las fuentes sobre las cuales funda esta conclusión, pero es obvio que lo hace en base a las declaraciones de Hernández Norambuena y de una serie de elucubraciones que hace el Subcomisario Barraza en su “libro’ Tributo a la Patria en 1999.

Realizados los actos anteriores se abrió el telón –Chilevisión– (cuyo propietario en ese entonces era el actual Presidente de Chile) dando paso a un reportaje en el cual Hernández Norambuena lanzó su libreto previamente acordado a cambio de su extradición a Chile. Era la acusación que necesitaban para consumar la apertura del proceso, armando una versión sobre supuestas responsabilidades colectivas en la muerte de Jaime Guzmán y denunciando el supuesto vínculo entre el Gobierno de la Concertación, cuyo Presidente era Patricio Aylwin (a través de la Oficina), afirmando que yo sabía que Guzmán sería ultimado y que si era miembro de la Oficina ‘podía traspasar esa información a los servicios de seguridad’.

Posteriormente y con el aporte de otros declarantes se fue conformando la idea que el FPMR planificó esta acción en un ‘congreso’ o reunión, en la cual habrían participado los miembros de la Dirección Nacional señalando mi asistencia a la misma. Me refiero a las declaraciones del delincuente López Candia, con un nutrido prontuario policial, vinculado como informante a la Inteligencia del Ejército y a la propia Oficina, además del Subcomisario Barraza ex CNI y a la de otros falsos testigos aportados por este último.

Un supuesto absurdo que no tiene fundamento, primero porque ese congreso o reunión en lo que respecta a mi conocimiento nunca existió: lo que hubo fue una reunión a la cual fui convocado a explicar los hechos por los cuales se me sancionó por mi responsabilidad política en los mismos.

En sus declaraciones a Chilevisión, Hernández Norambuena dice que fui sancionado y que por ello salí de la Dirección del FPMR, pero tergiversa la verdad al afirmar que ‘en ese encuentro mismo de la dirección, Enrique Villanueva fue sancionado por la Dirección Nacional: él pertenecía antes al ejecutivo, salió, fue sancionado por su responsabilidad en la muerte de Roberto Nordenflich’.

La pregunta entonces es cómo, si fui sancionado alejándome de la responsabilidad de la Dirección del FPMR, pude participar en una reunión en la que supuestamente se tomó la decisión de una acción que se llevaría a cabo un año después. Es decir que se acepta como veraz el que a un sancionado, que no goza de la confiabilidad, que además no comparte las formas con las que actúa, la Dirección del Frente, en esos momentos, se le entrega una información de esa relevancia un año antes de que se lleve a cabo.

Contrario a estas afirmaciones mentirosas, nuestra posición no se basa en supuestos ni especulaciones, sino que en antecedentes serios y comprobables, los que demuestran con claridad la imposibilidad de una relación en ningún grado y nivel con Hernández Norambuena, ni, menos aún, una responsabilidad intelectual que presume una influencia de mi parte sobre este sujeto.

En el transcurso de nuestras investigaciones hemos descubierto antecedentes que comprueban lo anterior y la veracidad de todos los argumentos y opiniones vertidas en mi defensa.”.

El 28 de enero de 1992 en un titular de primera página del diario La Tercera se dice: ‘Militante denuncia división en el FPMR’, una comunicación escrita que relataba detalles relacionados con la intimidad del FPMR. (El mismo diario aclara que después de comprobar su autenticidad decidieron publicarla). El testimonio dice textualmente lo siguiente: ‘Hay cosas que la opinión pública debe saber: la dirección del Frente ha ordenado varias acciones con el objeto de alcanzar los recursos necesarios para sus necesidades, acciones con las cuales sólo los principales jefes están de acuerdo. Algunas de esas acciones fueron decisivas en la separación, como también lo fue la acción en contra de Jaime Guzmán’. ‘Hay varios otros casos poco claros en contra de supuestos soplones orientados por la dirección y sólo conocidos por ellos, alegando reglas de compartimentación’. ‘Esto nos hace temer hoy por varios de los cuadros más valiosos del FPMR, cuadros que están desaparecidos, como es el caso del Comandante Eduardo y que fue acusado por la actual dirección de traidor y de reformista, por sus posiciones contrarias al sectarismo aparatista que ellos están tratando de imponer’.

El principio de la independencia del Poder Judicial, no sólo se vio afectado por las defensas incondicionales de los inculpados efectuadas por el Ejecutivo y dirigentes oficialistas, sino también –y gravemente– como consecuencia de las sucesivas presiones, amenazas y denostaciones públicas de que fueron objeto los distintos magistrados que han estado a cargo de la causa, y en general, todos aquellos que de una u otro manera han tratado de investigar a fondo los hechos o dar luz respecto de nuevos antecedentes.

En este punto, es lamentable tener que destacar al menos dos hechos inéditos en la historia judicial chilena, a saber: la inhabilitación del ministro en visita Alfredo Pfeiffer para seguir conociendo de la causa basado en las presiones recibidas del Ejecutivo y la decisión del Consejo de Defensa del Estado de no apelar ante la Corte Suprema de la sentencia que acogió los recursos de amparo interpuestos frente a los procesamientos de Schilling y Mery.

EL MEMO DE 1976

“Se puede decir, entrando en materia, que Guzmán es un individuo brillante por su inteligencia y por la concepción tan clara de las debilidades de nuestro gobierno, lo que le permite jugar en forma maquiavélica con organismos, personas tanto en el nivel nacional como internacional. Profundizando estos conceptos de política nacional, es un tablero de ajedrez para este individuo, donde maneja desde Su Excelencia el Presidente de la República aunque él crea lo contrario”. Así iniciaba el memorándum secreto de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), del 3 de noviembre de 1976, su análisis sobre el fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán Errázuriz, asesinado en 1991 por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

El documento, entre otras cosas, trataba de establecer un organigrama de las organizaciones, tanto políticas como religiosas o medios de comunicación, que eran controladas por Guzmán y que, según el informe de la DINA, no perseguía “destruir a las Fuerzas Armadas que podría decirse que son el Estado, pero eso sí, desplazar al gobierno (vale decir al general Pinochet y miembros de la Junta), para ubicarse ellos físicamente en ese puesto, desde luego con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.

El grupo, que según la DINA, pretendía remover a Pinochet estaba liderado por Guzmán y el ex mandatario Jorge Alessandri, en ese entonces presidente del Consejo de Estado. Sus reuniones se efectuaban en el departamento de Alessandri, en la céntrica calle Phillips o en la Viña Cousiño Macul lugar donde, según el informe, “concurre la élite de lo que dice llamarse aristocracia de Chile. Otros puntos de encuentro eran las oficinas de Enrique Campos Meléndez, Álvaro Puga y Gastón Acuña, todas ellas en el edificio Diego Portales.

Los ámbitos de influencia de Guzmán, decía la DINA, eran el ya nombrado Consejo de Estado que presidía Alessandri, la Comisión de Reforma Constitucional, la Dirección Nacional de Comunicación (DINACO), los canales 7, 9 y 13, los diarios El Mercurio y El Cronista, la Secretaría Nacional de la Juventud y de la Mujer, la agencia de noticias Orbe, Pro-Chile, el Partido Nacional y la DC, la Sofofa, la Sociedad Nacional de Agricultura, el Movimiento de Unidad Nacional, la UC, el Frente Juvenil de Unidad, el Poder Judicial, la Colonia Dignidad, la CIA y las Fuerzas Armadas. En estos tres últimos frentes, según el documento, el contacto se había producido a través de Federico Willoughby.

El informe concluía que el grupo, liderado por Guzmán y compuesto por periodistas, políticos y economistas, no eran “adeptos al Gobierno” aunque sí lo parecían, querían el control civil del aparato estatal y pretendían que las Fuerzas Armadas volvieran a sus cuarteles.

CASOS DE INFILTRADOS

Fernando Moreno Vega, ex preso político del FPMR, detenido en mayo de 1990 junto a Jorge Espínola Robles –que era sindicato erróneamente por los servicios de seguridad de la época como el “Comandante Emilio”–, ha sido acusado por sus ex compañeros de ser quien “filtró” a los organismos de seguridad los planes de la fuga del 10 de octubre de 1992 en la ex Penitenciaría de Santiago.

En mayo de 1990, Fernando Moreno Vega y Jorge Espínola Robles fueron detenidos tras un tiroteo por agentes armados vestidos de civil y se les trasladó a la 12ª y a la 3ª Comisarías de Santiago. Espínola fue acusado de participar en el homicidio de un ex miembro de las fuerzas de seguridad ocurrido en mayo de 1990. Además, se presentaron cargos en virtud de la Ley de Control de Armas y de la Ley Antiterrorista. En enero de 1991, Espínola Robles escapó a tiros de la cárcel de San Miguel. Fernando Moreno Vega denunció ante la Primera Corte Criminal de San Miguel el haber sido objeto de “torturas” por parte de funcionarios policiales.

Testimonios de ex presos políticos señalan a Fernando Enrique Moreno Vega como un “infiltrado” en el FPMR y le atribuyen responsabilidad en los hechos que culminaron con la muerte de sus compañeros y la recaptura, al borde de la muerte, en las afueras de la ex Penitenciaría ese 10 de octubre de 1992 de dos de ellos: Patricio Ortiz Montenegro y Pablo Muñoz Hoffman. Estos testimonios aseguran que Fernando Moreno Vega y otro preso, tras el desenlace fatal de la fuga fueron golpeados y expulsados de la galería donde permanecían encarcelados los presos políticos del FPMR, MAPU-Lautaro, MIR y PC.

LA MANO DEL GOBIERNO DE LA ÉPOCA EN LAS FUGAS DE LOS FRENTISTAS AUTÓNOMOS

Aunque durante todo este tiempo el hecho fue encarado como un asunto netamente policial, diversos testimonios indican que ese escape formó parte de una operación de inteligencia. Los indicios apuntan a que el plan de los presos no sólo era previamente manejado por la “Oficina”, sino también por los organismos de inteligencia de Carabineros e Investigaciones. El intento de evasión pudo ser perfectamente evitado, pero la información se manejó a espaldas de las autoridades de Gendarmería, dirigida entonces por el abogado Isidro Solís, cuyos efectivos fueron expuestos al fuego de los subversivos.

La historia de la fuga comenzó a tejerse en mayo de 1992. Entonces, el agente de la “Oficina”, Humberto López Candia, usó su fachada de militante subversivo para visitar en la ex Penitenciaría al mirista Carlos Saavedra. Su objetivo era enterarse de cuánto sabía el Mapu-Lautaro sobre la “Oficina”, ya que recientemente ese grupo había asesinado a un informante del gobierno: el mirista Domingo Sarmiento. Las visitas que realizó le permitieron conocer a Pedro Ortiz Montenegro, por intermedio de Saavedra y de otro amigo común, también preso, Dante Ramírez.

Según la versión de López, en las conversaciones que sostuvo con todos ellos se enteró de que los presos fraguaban un plan de fuga, información que traspasó inmediatamente a su superior en la “Oficina”, Oscar Carpenter.

Durante meses López fue recabando más antecedentes acerca de la fuga, los que igualmente entregó a sus jefes de la “Oficina”. Tuvo la certeza de que el plan se llevaría a efecto cuando, en una visita a Pedro Ortiz, éste le dijo que el escape se materializaría en octubre y le pidió que le avisara a Dante Ramírez, quien ya había salido en libertad, para que ayudara a los evadidos en caso de que fuese necesario. Incluso, asegura López, Ortiz le entregó un número de teléfono para que Ramírez estableciera contacto con los fugados.

López sostiene que ese número se lo entregó a quien entonces sólo conocía como Pablo Andrés y que ahora ha sido identificado como Enrique Villanueva Molina, quien hasta 1992 era miembro de la Dirección Nacional del FPMR. En la versión de López, Pablo Andrés fue designado por Carpenter para investigar la fuga y él fue destinado a otras tareas, aunque se mantuvo al tanto de lo que ocurría en la penitenciaría por intermedio de Dante Ramírez.

Después de ocurrido el intento de escape, López asegura que conoció informes y testimonios acerca de que la “Oficina” no sólo recabó información sobre la fuga, sino que intentó ejecutar una operación de inteligencia a través de ella.

La idea era incluir entre los evadidos a presos que eran informantes para que se reinsertaran en el FPMR y operaran como infiltrados. Para ello, asegura el ex agente, el organismo de gobierno incluso habría facilitado apoyo logístico a los fugados. Este consistía, según López, en ingresar las armas cortas que usaron los presos durante el escape, disponer autos y choferes para su huida y casas de seguridad donde mantenerlos.

Personeros de Gendarmería que en 1992 investigaron ampliamente la fuga, confirman que el Ministerio del Interior –del cual dependía la “Oficina”– supo con antelación que los presos planificaban el escape. De acuerdo con esta versión, después del intento de evasión, dos presos políticos cayeron bajo las sospechas de sus camaradas. Uno de ellos, Fernando Moreno Vega, tenía que salir con el grupo que intentaría obtener la libertad, pero, a último minuto, desistió.

Según dirigentes de organizaciones vinculadas a los presos políticos, tras ser fuertemente presionado por sus compañeros, Moreno Vega les confesó que era informante de la “Oficina” y que había filtrado los planes de escape a las autoridades. La violenta reacción de sus compañeros, que lo agredieron físicamente, obligó a que se le separara junto al segundo sospechoso, cuya identidad no pudo ser establecida con precisión.

Ya aislados, fueron interrogados por gendarmes, quienes los amenazaron con devolverlos a la galería de los presos políticos si no confesaban todo lo que sabían. Entonces, uno de ellos les dijo que desde hacía varios años era informante de la DIPOLCAR, entonces dirigida por el general Sergio Lütjens Ciangarotti, quien estaba al tanto de los planes de escape.

En todo caso, el eventual conocimiento que Carabineros tuvo de la fuga explicaría uno de los detalles más extraños y que durante años no tuvo respuestas satisfactorias: la inusual presencia –un día sábado– de un bus y de un furgón de Carabineros estacionados frente a la ex Penitenciaría, a unos cincuenta metros al oriente de la puerta por donde se efectuó el escape, dirección en la que debían correr la mayoría de los presos de acuerdo al plan que tenían.

Lütjens no recuerda que un bus policial haya estado en ese lugar, pero sí la presencia del furgón que, según cree, se encontraba haciendo trámites en los juzgados que se ubican al frente de la Penitenciaría.

A su vez, el ex detective de Investigaciones, Jesús Silva, confirmó que la policía civil estaba en antecedentes de que “algo grave ocurriría ese sábado en la Penitenciaría”. Según su versión, el día anterior fueron acuartelados en grado 1 –solteros y casados– los efectivos de la 1a y 2a Comisarías de la Prefectura Investigadora de Asaltos, PRIA, donde él estaba destacado. Sólo en la madrugada del sábado 10 les informaron exactamente que se trataba de una fuga de presos políticos, relata Silva. Sus órdenes eran copar con efectivos y patrulleras sin distintivos policiales el sector y no intervenir a menos que se vieran afectados directamente por un enfrentamiento.

Personeros de gendarmería señalan que la violenta respuesta se debió a que los presos intentaron escaparse disparando a un guardia. En los “códigos no escritos” de gendarmería se estipula que una fuga cruenta debe tener una respuesta del mismo calibre, como una forma de enviar una señal de amedrentamiento para que otros reos no intenten acciones similares. Además, el guardia que fue blanco de Pedro Ortiz quedó completamente choqueado y en la persecución de los presos descargó su arma sin medir las consecuencias contra aquellos que tuvo a tiro, antes de desmayarse.

Antecedentes posteriores revelaron que en la calle los frentistas eran esperados por tres vehículos. Un taxi ubicado casi frente a la puerta de visitas, un auto particular que estaba estacionado en el bandejón central a la altura de la puerta principal del penal y otro auto ubicado a unos 100 metros al oriente.

Los dos primeros vehículos, según la versión de López Candia, eran manejados por la “Oficina”. El tercero correspondía a un grupo de amigos del preso Gómez Lira, quienes estaban armados y venían a rescatarlo por cuenta propia.

Dirigentes de izquierda reconocen que la fuga no fue apoyada logísticamente por el FPMR ni por otros grupos subversivos. Por lo mismo, estas fuentes consideran plausible la versión de López, ya que los fugados recurrieron a amistades y familiares, más permeables a la infiltración del gobierno o las policías. De hecho, un amigo de los fugados esperaba fuera del penal con armas, pero al iniciarse el tiroteo se atemorizó y huyó del lugar. De los que debían llegar hasta el taxi sólo lo logro Venegas Messina, quien finalmente escapó. López Candia lo sindica como informante de la “Oficina”, sospechas que también tienen los ex presos políticos.

Según López, tras la fuga Venegas se refugió en una casa de seguridad que pertenecía a otra informante, Cecilia Bravo, la “Patty”. Al parecer, Patricio Ortiz también debía escapar en el taxi, pero al ver a su hermano Pedro herido en el bandejón central de la calle se devolvió. El resto de los presos corrió hacia los dos autos que estaban en dirección oriente. Pero fueron intimidados por la presencia del bus y el furgón policial, que les cortaban el paso. Los que alcanzaron a llegar al auto particular que López asegura que era de la “Oficina”, se encontraron con que éste no tenía chofer ni llaves. El único que se atrevió a cruzar frente a los carabineros fue Luis Moreno Torres, quien abordó el vehículo tripulado por los amigos de Gómez Lira. Comprendiendo que el plan había fracasado, éstos huyeron sin intentar rescatar a Gómez.

López Candia asegura que meses después le preguntó a Carpenter qué había pasado con el plan de infiltrar al FPMR por medio de la fuga. Su respuesta, señala, fue que el proyecto falló porque Pablo Andrés había cometido errores. Posteriormente, López supo que uno de los evadidos se encontraba en Antofagasta –Moreno Torres cayó después en esa ciudad– y le comunicó esos antecedentes a Pablo Andrés. Este le dijo: “Déjalos. Si ya se fueron, que sigan fuera”.

FUENTES

EMOL: Contreras niega vinculación con asesinato de Jaime Guzmán
CIPERCHILE: Asesinato de Jaime Guzmán: Oscuros secretos de la transición chilena salen a la luz
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Relato del Proceso Caso Jaime Guzmán

en ClariNet, febrero 2013