“La educación pública: un derecho social de ciudadanía”. Discurso de inauguración del Año Académico 2013, de Víctor Pérez Vera, Rector de la Universidad de Chile

Ser estudiante del siglo XXI en la Universidad de Chile

La ceremonia que hoy día realizamos tiene dos sentidos profundos, por un lado el acoger y dar la bienvenida a las y los estudiantes que, a partir de este 2013, pasan a formar parte de nuestra comunidad académica y junto a ello asumen una identidad que los marcará durante todas sus vidas. Por el otro, inaugurar un nuevo año académico, y con ello la puesta en marcha de las actividades de docencia superior, investigación, creación y extensión que nos son comunes y por las cuales nos desarrollamos y nos proyectamos en la vida nacional.

Les damos la bienvenida con el orgullo de ser la universidad número 1 en el país cualquiera que sea el indicador de productividad académica que se utilice; ubicada en el número 10 en Latinoamérica, número 23 a nivel Iberoamericano, y 421 a nivel mundial, según el ranking internacional SCimago que sólo considera la productividad en investigación.

Ser una o un alumno de la Universidad de Chile en el siglo XXI constituye, a mi modo de ver, un desafío y una esperanza.

En el primer caso, es enfrentarse a una institución educativa que lucha por su excelencia en medio de condiciones adversas; una excelencia que se construye, justamente en la interacción dialógica entre académicos y académicas y estudiantes en vistas a producir el conocimiento. Pero es un reto, asimismo, para los jóvenes que también debaten su identidad entre un modelo social que concibe a los sujetos como clientes y consumidores, y las impugnaciones contra ese modo de autocomprenderse. También se encuentran en la disyuntiva de asumirse como personas que se incorporan a una Universidad pública con historia, en un momento social en que la historia, precisamente ella, comienza a borrarse de los discursos para dar paso a la inmediatez de lo desechable, de lo “nuevo” como valor más que cultural, de mercado. Por otro lado, los y las estudiantes de la Universidad de Chile del siglo XXI han nacido en medio de cambios en las tecnologías de la comunicación humana y en una creciente sociedad del conocimiento, aunque en Chile distribuidas desigualmente. Han crecido en un Chile que superó una dictadura y comenzó un proceso democratizador de las relaciones sociales y de las instituciones, pero que al mismo tiempo profundizó un proyecto neoliberal en lo económico que ha naturalizado las brechas entre ricos y pobres, y junto a ello una lógica que deriva en concebir las iniquidades como parte inevitable del sistema de desarrollo.

A la esperanza que representan, y han representado en el tiempo, los jóvenes para nuestra comunidad, la Universidad de Chile del siglo XXI responde con un significado contemporáneo al habitar el mundo de manera humana, digna y equitativa. Ello supone una lectura crítica, fundada y propositiva a los cambios sociales. La inclusión de las diferencias de género, étnicas, generacionales, entre otras desatan las viejas amarras de las concepciones conservadoras del mundo; las migraciones, los impactos al medio ambiente de las políticas energéticas, la urgente necesidad de igualdad, entre otros fenómenos demandan respuestas desde una visión de las cosas cuyo horizonte sea el respeto y la participación de lo distinto en lo universal, de una ética que promueva el bien común, la congregación en vez de la soledad personal como refugio a la desintegración de los viejos lazos que nos han tornado en humanos.

Esta es la Universidad de Chile que hoy da la bienvenida a sus nuevos y nuevas estudiantes.

La educación pública: un derecho social de ciudadanía

Los chilenos y chilenas nos encontramos hoy discutiendo, como no lo hemos hecho en al menos dos décadas, cómo queremos que nuestro país sea en el futuro, cuál es el Chile que queremos dejarle a nuestros hijos. En la superficie, lo que está en discusión es el problema de la educación pública. Pero en realidad, el problema de la educación pública es el problema de lo público de la educación, y el problema de lo público de la educación es en realidad la cuestión de cuál es la relevancia de lo público a secas.

Cuando lo que se discute es la educación escolar, el problema de la educación pública es su progresiva decadencia. Esta decadencia es un fenómeno observable desde hace ya varios años y tiene dos dimensiones.

Una cuantitativa: la educación pública (municipal), en lo que a números se refiere, está en caída libre, y 2010 fue el primer año en el que la matrícula de primero básico en la educación municipal fue menor a la de la educación particular subvencionada. Otra cualitativa: la educación escolar pública está crecientemente transformándose en la educación para los más pobres, en ghettos de marginalidad. Esto no se aplica en igual medida a cada establecimiento público o privado, pero si en general: la población matriculada en la educación particular subvencionada es socialmente más diversa que la matriculada en la educación municipal, que es en general claramente más pobre.

A primera vista, pareciera que el problema de la universidad pública no es el mismo que el de la educación escolar pública. Entre las universidades públicas se encuentra la Universidad de Chile, y en general las universidades públicas son universidades demandadas por los estudiantes, lo que quiere decir que son más selectivas que la media. Aunque es cierto que la proporción de la matrícula universitaria que corresponde a la universidad pública es menos de la mitad del total, podría decirse que eso es consecuencia del dinamismo de la matrícula privada, más que de la decadencia de la educación superior pública.

Pero esto es sólo una impresión superficial, que no da cuenta sino del estado mucho más temprano en que se encuentra, respecto de la educación superior, el mismo proceso que llevó a la educación escolar al estado en que hoy se encuentra. Y aunque en un estado más temprano (y por eso en un estado menos evidentemente grave), ese proceso está hoy en curso en la educación universitaria, y tendrá el mismo desenlace si no actuamos pronto para evitarlo.

A estas alturas es difícil negarlo: esa fue una de las consecuencias de organizar el sistema escolar como un mercado. ¿Qué espacio hay para la educación pública cuando el sistema escolar se estructura conforme al mercado? La respuesta es clara: el mínimo. Hay una responsabilidad pública, cumplida por el Estado y financiada con impuestos, de dar a cada chileno una educación de mínima calidad. Cuando todos han recibido el mínimo, cada uno verá qué comprar en el mercado en adición a eso (si es que puede comprar algo).

Por consiguiente, la educación pública terminará siendo la educación para los que, en adición al mínimo que paga el Estado, no pueden comprar nada, y la educación particular subvencionada se segregará de acuerdo a cuánto puede pagar cada uno, y la educación particular pagada estará disponible para quienes pueden pagar sin techo. Hoy no es responsable negar que esta es nuestra situación.

Estructurado conforme al mercado, el sistema escolar fue capaz de expandir su matrícula considerablemente, hasta alcanzar prácticamente cobertura completa. Pero el precio fue la segregación, la desigualdad y la mala calidad.

Lo que podemos observar en la educación puede ser observado en general en todas las áreas de la vida común: en salud, en seguridad social, en vivienda. El legado de décadas de entender lo público como un subsidio mínimo a quienes no pueden participar del mercado es siempre el mismo: educación y salud segregada, para ricos y para pobres, ciudades segregadas en barrios para ricos y para pobres, pensiones solidarias para un porcentaje considerable de quienes cotizaron toda su vida, para qué seguir.

Contra esta comprensión de lo público como el subsidio del mínimo a quien no puede comprar lo que necesita por su cuenta en el mercado, hoy está surgiendo, en particular desde los movimientos sociales, una comprensión de lo público como la esfera de la ciudadanía, la esfera en la que todos somos iguales como ciudadanos. Es la esfera de los derechos sociales. Pero decir de algo que es un derecho social de ciudadanía es precisamente decir que a su respecto la desigualdad y la segregación son inaceptables. Y la educación debe ser entendida como un derecho social de ciudadanía.

Cuando se dice que en aras de la libertad de enseñanza hay que defender la libertad de las familias para elegir dónde educar a sus hijos e hijas, hoy vemos que sólo un sector minoritario de la población puede ejercer en pleno esa libertad de elección; no así las familias de los sectores medios y más vulnerables de la población, quienes no tienen la capacidad de pago para elegir libremente. No estamos en contra de la educación particular ni tampoco contra la libertad de enseñanza, ellas forman parte de nuestra historia desde los inicios de la República. Sólo decimos que la ciudadanía se cansó de solicitar, y ahora exige que la educación sea un derecho social de ciudadanía, exige tener igualdad de condiciones para elegir la educación de sus hijos e hijas, y exige que los colegios públicos tengan, a lo menos, igual calidad que los colegios particulares pagados para que sean una real opción al momento de elegir. Entonces podremos hablar que en Chile existe libertad de enseñanza y libertad para elegir el colegio donde queremos que vayan nuestros hijos e hijas. La ciudadanía se cansó que en Chile la cuna y la capacidad de pago de sus padres marque de por vida las posibilidades de desarrollo de los talentos con que nacen sus hijos e hijas.

Si lo público es la provisión mínima de algo a quien no puede comprarlo por su cuenta en el mercado, entonces el “mercado” universitario aparece severamente distorsionado por la “anomalía” que significa la existencia de un sector público que no es un ghetto de marginalidad sino que agrupa a algunas de las universidades más prestigiadas y demandadas, y por consiguiente más selectivas, del sistema. En una comprensión de lo público como la provisión de un mínimo, la Universidad de Chile evidentemente debería ser privatizada, porque no tiene sentido que el Estado ofrezca, a quienes han recibido la mejor educación secundaria, una educación muy superior a la que puede comprarse en el mercado. Es al contrario: la oferta pública necesita ser de menor calidad que la oferta privada, porque de ese modo se provee un incentivo para que todo el que puede pagar de su bolsillo emigre al sector privado. La educación y la salud son buenos ejemplos. Pero claro, privatizar la Universidad de Chile no es políticamente posible para gobierno alguno, porque la Universidad de Chile está unida al alma de Chile. Pero que no haya podido ser derechamente privatizada no niega la situación ya apuntada: su existencia es una anomalía y, para no pocos, una molestia. Y la anomalía se soluciona al dejar a las universidades públicas entregadas a las fuerzas del mercado, porque en ese caso es cuestión de tiempo antes de que el mismo proceso que llevó a la segregación del sistema escolar público solucione esta anomalía, por la vía de transformar a las universidades públicas en universidades que son una opción real sólo para quienes no pueden optar al sector privado.

Es importante destacar un par de consecuencias. La primera es que, entregadas a las fuerzas del mercado, las universidades públicas han debido desarrollar estrategias de supervivencia en el contexto del mercado. Ello las ha llevado a vender servicios, con resultados variables. A partir de esto, cuando se discute sobre “el lucro” en educación superior se ha escuchado reiteradamente la idea de que “las universidades estatales también lucran”, lo que es desde luego absurdo. Una cosa, que ciertamente dista de lo que nosotros querríamos, es que como las universidades públicas hoy se autofinancian conforme a las reglas del mercado, deben actuar en el mercado para financiarse; hacerlo significa vender servicios y con los resultados de esa venta pagar a quienes contribuyen a producir esos servicios. Otra cosa es que la institución se entienda como una que existe para producir utilidades económicas para sus controladores.

Es ingenuo pensar que por el solo hecho de ser una universidad estatal, ella se va a comportar de modo significativamente diferente de otra que es privada, si ambas se financian de la misma manera. En la medida en que la universidad pública se financia principalmente conforme a las reglas del mercado, tenderá a actuar como una universidad privada. En el caso de la Universidad de Chile, el ethos público de esta universidad y la manera en que los miembros de la comunidad universitaria entienden su responsabilidad por la mantención y revitalización de la tradición de la universidad de Andrés Bello, así como la memoria de tantas luchas en defensa de la Universidad, contribuyen a contrarrestar la fuerza que empuja a la institución a entenderse como proveedores de servicios al mercado. La Universidad de Chile, dicho de otro modo, es un torpe agente de mercado, y eso es para ella motivo de orgullo. Pero la realidad de cada universidad estatal es diferente respecto a la protección que pueden tener ante las exigencias del mercado. Un ejemplo es ver a universidades estatales de regiones venir a Santiago a ofrecer docencia de pre y postgrado y postítulos. Otro ejemplo es recordar que la Universidad de Chile recibe, de manera directa del Estado, menos del 10% de su presupuesto, el que hoy alcanza a más de US$ 1.000 millones de dólares, debiendo autogenerar más del 90% de ese presupuesto para llevar a cabo con calidad y equidad sus labores de docencia superior, investigación, creación y extensión.

La segunda consecuencia es que, por las razones que ya hemos visto en operación en el sistema escolar, si el sistema universitario se organiza como un mercado, las universidades públicas tenderán a transformarse en un ghetto de marginalidad social y económica, atendiendo sólo a quienes no pueden optar al sistema privado.

Cuando ese proceso se haya completado, la anomalía universitaria habrá desaparecido, y la universidad pública será, como la educación municipal, una educación a la que solo los pobres tenderán a ir, porque todos los que tienen medios, poder e influencia habrán emigrado a la educación universitaria particular.

Un Nuevo Trato entre el Estado y las universidades estatales

Hoy reitero lo que desde el año 2006 y sin éxito hemos venido proponiendo a los poderes públicos: un Nuevo Trato para fortalecer las universidades estatales, asegurar la calidad de su trabajo, permitir que ellas se constituyan en un pilar del desarrollo nacional y regional, y terminar con el autofinanciamiento al que se las tiene obligadas y que terminará por desnaturalizar su misión. Para esto, el Estado debe crear un aporte basal permanente, equivalente al menos al 50% del presupuesto actual de cada universidad, reajustado como porcentaje del PIB, con la definición explícita de deberes y derechos y con la correspondiente rendición de cuentas públicas y transparentes.

Es la única manera en que las universidades estatales puedan seguir contribuyendo al país y preservándose como espacios públicos laicos, pluralistas en la creación y transmisión de conocimiento de calidad, independientes de grupos de interés específico, y donde existan en plenitud la libertad de expresión y la complejidad del conocimiento. El Nuevo Trato permitirá el desarrollo de un Sistema de Educación Superior Estatal, entendido como una red de universidades que a lo largo del país cumplen tareas en un esquema de colaboración, y creándose universidades o sedes universitarias estatales en cada región que aún no las tiene. El Sistema de Educación Superior Estatal debe ampliar su cobertura para, al menos, equiparar la cobertura de la educación superior privada.

El Nuevo Trato debe, asimismo, asegurar las condiciones para que la Universidad de Chile llegue a su Bicentenario manteniendo su condición de ser un referente intelectual, cultural y educacional en el país, y una universidad de clase mundial.

Proyecto Institucional de Educación

Hace un año exactamente propuse a la comunidad universitaria el desafío de avanzar hacia la construcción de una nueva Facultad de Educación en la Universidad de Chile, de carácter integrada y transversal, que pusiera a la educación y a la formación docente como un área estratégica del quehacer académico de nuestra Universidad.

¿Con qué bases académicas levantaremos la educación pública que millones en Chile reclaman hoy con justa razón? ¿Desde dónde vamos a generar las múltiples respuestas que requieren, en una espiral constante, las innumerables problemáticas cotidianas propias de cualquier sistema escolar? Es para hacernos parte de esta reconstrucción, desde nuestro oficio académico, que hemos invitado a nuestra comunidad universitaria a tomar decisiones estratégicas para el área educación en la Universidad de Chile.

No simples mejoras; no arreglos o acomodos parciales. Decisiones estratégicas que permitan ofrecer al país el sustento académico y reflexivo para construir un sistema de educación pública ejemplar en Latinoamérica, y que tenga como uno de sus pilares a las Universidades Públicas. Decisiones que nos permitan seguir construyendo en conjunto y no quedarnos paralizados en el inmovilismo y la incapacidad de cambiar.

Podríamos hacer muchos discursos sobre el valor y sentido de la educación, o sobre las bondades de tal o cual propuesta pedagógica. Sin embargo, estaríamos muy lejos de honrar nuestra misión como Universidad de Chile si no somos capaces de generar amplias y sólidas bases académicas que sustenten nuestro aporte efectivo a la reconstrucción de la educación pública chilena.

Como Rector de esta Universidad, creo firmemente que la Universidad de Chile debe concurrir con decisión a esa tarea. Es ese, y no otro, el sentido profundo del Proyecto Institucional de Educación que estamos impulsando. Por ello debemos buscar la máxima participación y compromiso, de modo que sean las mejores ideas, las mayores voluntades y esfuerzos los que se congreguen tras este propósito. Considerando que el Comité Ejecutivo del Proyecto Institucional de Educación —que integra académicos y estudiantes de once unidades académicas— habrá finalizado su revisión de las diferentes propuestas de institucionalidad existentes, solicitaré se me entregue a más tardar a fines del mes de mayo un informe de síntesis y/o de alternativas en los temas de principios e institucionalidad. Ese informe será presentado al Comité Directivo del Proyecto Institucional de Educación, discutido por la comunidad y llevado al Consejo Universitario y al Senado para que adoptemos, durante este primer semestre, las decisiones institucionales que correspondan y que nos permitan seguir avanzando.

Y si los campos y disciplinas a través de las cuales la Universidad proyecta su aporte al país son muchos, ciertamente, el campo de la educación no debe ni puede ser el último de aquellos. Ese es nuestro llamado. Así de franco y así de simple y desafiante.

Iniciativa Bicentenario de Educación

Con todo el esfuerzo que podamos hacer para poner en práctica nuestro Proyecto Institucional de Educación e instalar nuestra Facultad de Educación, y el esfuerzo que realizan otras universidades en este ámbito, esto no será suficiente para acometer el gigantesco esfuerzo que se requiere para darle a Chile la educación de calidad y equidad que sus hijos e hijas merecen.

Invitamos al Estado de Chile y al actual y al futuro Gobierno a dar un giro audaz en las políticas públicas educacionales e instalar en el país una nueva Iniciativa Bicentenario exclusivamente para Educación, de una envergadura financiera, de una ambición académica y de una cobertura nacional tales que sea capaz de impactar y remecer, como un terremoto grado 10, en la raíz del tema central y de mayor vinculación con el desafío de mejorar lo antes posibles la calidad y equidad educacional: la formación y desarrollo de profesores y profesoras en todos los niveles educacionales, y el desarrollo de la investigación y creación en Educación según los más altos estándares internacionales.

A través de un Fondo no menor de 500 millones de dólares en 10 años se pueden financiar propuestas de 5 Facultades de Educación que tengan la capacidad y compromiso de transformarse, en ese período, en centros de reconocida excelencia internacional en educación, distribuidas en todo el territorio, y cuyas universidades —al menos tres de ellas públicas— se comprometan a involucrar a todas sus otras Facultades y Departamentos disciplinarios en esta tarea. Para todo ello, el Estado y las Facultades de Educación debieran establecer metas concretas de productividad académica y de evaluación del desempeño en cada proyecto.

Estas cinco facultades se deberían convertir en los nodos dinámicos de una Red Nacional de Facultades de Educación con la tarea de mejorar sustantivamente la formación docente en todos sus niveles y el desarrollo académico del área. Estas cinco Facultades de Educación se deben comprometer a sostener proyectos que impliquen, a lo menos: inversiones en infraestructura, equipamientos y laboratorios de última generación; concursos internacionales para traer al menos 200 académicos con doctorado en los próximos 5 años; alianzas con Facultades de Educación del más alto nivel internacional; una Red de establecimientos escolares y jardines infantiles, con asiento en sectores sociales vulnerables; creación de centros de experimentación didáctica y de plataformas web para que todos los educadores del país accedan a los desarrollos logrados.

Todo lo anterior debe ir, necesariamente, acompañado de políticas públicas que eleven la valoración social y material del ejercicio de la profesión docente.

No nos engañemos, el modelo educacional de Pinochet sigue intacto en lo esencial

La inauguración del Año Académico 2013 de nuestra Universidad se da en momentos en que la agenda nacional está marcada por los reclamos de la ciudadanía, liderados por nuestros estudiantes, por producir los cambios que requiere nuestro sistema educacional y así terminar con las brutales desigualdades e inequidades que éste genera, y por elevar sustancialmente la calidad de la educación.

Pero no nos engañemos, la esencia del modelo educacional impuesto por la dictadura, privatizador y mercantil, especialmente en el ámbito universitario, y para desgracia de la educación pública, sigue tan vigente como cuando fue firmado por Pinochet. A pesar que es un modelo que por sus resultados no sólo fracasó sino que está completamente colapsado, y que sigue vigente pese al rechazo de cientos de miles de estudiantes universitarios, secundarios, comunidades universitarias, profesores y familias chilenas. 

Vuelta la democracia, no deja de ser sintomático que la educación en general, para qué decir la educación pública, no ha sido protagonista en ninguno de los programas de las candidaturas presidenciales, ni tampoco en los discursos presidenciales del 21 de mayo de cada año. Sintomático que en esos programas y discursos no se haya incluido como central el tema de la educación, con una propuesta con visión estratégica de política pública de Estado; o que no se haya planteado una propuesta potente para que la autoridad cumpla con su obligación de asegurar que la educación, sea ésta pública o privada, tenga altos estándares de calidad; o que no se hayan propuesto políticas robustas y acciones concretas para fortalecer la educación pública. Son temas que han estado ausentes en estos programas y discursos presidenciales, están pendientes. Y no deja de llamar la atención, puesto que es algo que uno hubiera esperado encontrar en esos programas y discursos post dictadura, sea por la importancia que se dice que tiene la educación en general y la educación pública, en particular, para el desarrollo de un país más republicano e igualitario; o por mostrar consistencia con lo que se decía sobre este tema durante la dictadura y querer cambiar el modelo educacional impuesto por Pinochet.

La mayoría de los cambios educacionales que se han producido han debido enfrentar y derrotar el lobby oscuro y no regulado de grupos minoritarios interesados en mantener un status quo que les favorece a costa del país. Y por eso mismo, los cambios gatopardistas producidos en educación son parches y retazos, sin un hilo conductor aparente, cambios que han surgido más como resultado de las negociaciones para superar conflictos sociales coyunturales y a espaldas de la ciudadanía, que como resultados de una política pública de Estado. Y digo sin hilo conductor aparente pues los cambios producidos en educación, especialmente en educación superior, en los hechos sí tienen un hilo conductor conocido: cambiar para no cambiar; no cambiar el modelo educacional impuesto por la dictadura; no afectar los intereses ideológicos y económicos que se benefician de él; no afectar el lucro con dineros fiscales; no afectar la aplicación falsa de la ley de Pinochet que establece que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro; buscar formas para traspasar recursos fiscales a las universidades privadas nuevas; oponerse a reconocer a la educación como un derecho social de ciudadanía; oponerse a reconocer la obligación del Estado para con la educación pública y las universidades estatales; y seguir afectando a la educación pública y a las universidades estatales en particular.

Un ejemplo de cambio gatopardista es el actual proyecto de Superintendencia de Educación Superior, entidad que solo la Universidad de Chile defendió en junio del 2011, contra la oposición y descalificaciones de muchos quienes hoy aparecen como sus grandes impulsores y defensores. Es un proyecto deficiente y, lejos de plantear una solución definitiva a los problemas de regulación y calidad que aquejan a la educación superior, es tan sólo un débil intento de respuesta a las demandas. Así las cosas, no resulta factible apoyar y menos aprobar el actual proyecto de ley de Superintendencia que: i) lejos de desterrar el lucro en la educación universitaria pretende legalizarlo por la vía de regular las relaciones entre empresas relacionadas y las universidades; ii) no establece con claridad y de manera detallada las facultades de que gozará la nueva institucionalidad para reaccionar y realizar procesos de investigación en casos de denuncias; iii) no contempla la figura de un administrador provisorio para el caso de un eventual cierre de una institución de educación superior, que garantice el derecho de los estudiantes a completar sus estudios y acceder a la titulación.

Las grandes ganadoras de estos cambios gatopardistas han sido las universidades privadas nuevas, sobre todo aquellas que se compran y se venden en el mercado y para quienes estos cambios les han asegurado la sustentabilidad del negocio, con recursos fiscales. Es curioso. En 1981 se permitió que el sector privado entrara en el sistema universitario con el argumento que los privados iban a invertir para hacer más eficiente, competitivo y de mejor calidad el sistema universitario; y por eso Pinochet dispuso que las universidades no tuvieran fines de lucro. Pero resultó que los privados no invirtieron parte de su patrimonio en las universidades que crearon sino que, más bien, han administrado, con grandes ganancias, los aranceles de los estudiantes, la mayoría de ellos provenientes de sectores vulnerables. Olvidándose de las reglas del juego impuestas por Pinochet para que el sector privado entrara a participar en el sistema universitario y bajo las cuales se crearon las universidades privadas nuevas, y con el argumento de la no discriminación en el financiamiento estatal a las instituciones, ahora han logrado con éxito que el Estado les transfiera, directa e indirectamente, dineros fiscales. Quienes, según Pinochet, iban a invertir generosamente sus recursos para contribuir al desarrollo de la educación superior, ahora exigen recursos del Estado. Sin que el uso y manejo de tales dineros fiscales sea controlado por la Contraloría General de la República, sin estar sujetas a la Ley de Transparencia y, cuando se trata de dineros fiscales, sin tener que hacer sus transacciones comerciales por el portal mercado público. 

Y por eso mismo, las grandes perdedoras y olvidadas han sido las universidades estatales. Fuera de sus comunidades han sido pocos, y lo repito aunque moleste, han sido pocos los que las han defendido y han querido jugarse pública y políticamente por ellas. Al parecer, con el correr del tiempo, este modelo parece acomodar a más grupos de interés de los que uno pudiera haber imaginado. Todo esto sin dejar de valorar y reconocer el apoyo dado a la Iniciativa Bicentenario propuesta por  la Universidad de Chile y por esta rectoría para revitalizar las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y de la Comunicación, en la Universidad de Chile y en otras universidades estatales, y el que se haya incrementado en 5% real el AFD para las universidades del Consejo de Rectores, durante 10 años.

En absoluto estoy diciendo que en el país no exista provisión mixta de la educación y que el Estado no siga apoyando a través del AFD a las universidades privadas tradicionales, que han hecho un gran aporte al país, y que asigne recursos concursables en ciencia, tecnología, humanidades y artes. Lo que estoy diciendo es que no se puede obstaculizar e impedir, con el argumento de no discriminar entre universidades privadas y públicas, que el Estado asuma la responsabilidad que tiene para con las universidades estatales.

La responsabilidad del desarrollo de las universidades estatales a lo largo de todo el país recae en su propietario, el Estado, es decir, todos los chilenos y chilenas.  En cambio, la responsabilidad por el desarrollo de las universidades privadas es responsabilidad de sus respectivos propietarios. Y el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad.

Hemos propuesto, desde que asumimos esta rectoría en el año 2006, establecer un Nuevo Trato entre el Estado y las universidades estatales que repare esta injusticia de dejarlas abandonadas al mercado. Y un Nuevo Trato entre el Estado y la Universidad de Chile que permita a ésta, la universidad de mayor excelencia académica del país convertirse, para bien del país, en una universidad de clase mundial. Nada ha pasado. Peor aún, inexplicablemente (o a lo mejor con explicaciones que desconocemos) desde mediados del 2011 duerme, en la Comisión de Educación del Senado de la República, un proyecto de ley para establecer ese Nuevo Trato.

A mediados de 2011 se nos aseguró que se apuraría la ley del lobby, hoy seguimos esperando que ello ocurra y vemos lo que está pasando con las investigaciones judiciales contra varias universidades privadas nuevas, en las que se demuestra que el lobby oscuro y no regulado estuvo presente a través de trafico de información, influencias o dineros. Insisto en que es imprescindible que de una vez por todas se prohíba el lobby y se regule el tráfico de información, influencias y dineros, que se ha hecho sentir con mucha fuerza en la protección de universidades privadas nuevas que están siendo investigadas. Creo que el gobierno podría adoptar voluntariamente desde hoy normas rigurosas que transparenten reuniones formales e informales, mensajes de texto y correos electrónicos. Esto lo hemos reclamado una y otra vez porque atenta contra la igualdad de todos y que es esencial en una sociedad democrática, ¿será necesaria la presión de manifestaciones populares para que de una vez por todas la autoridad termine con esta inaceptable práctica?

En la Universidad de Chile ya conocemos el libreto: cada vez que desde esta Casa de Estudios se defiende a la educación pública, o se ataca el modelo educacional de Pinochet, o se dice que hay que terminar con el lobby oscuro, o terminar con la aplicación falsa de la ley que dice que las universidades son corporaciones sin fines de lucro, o que debe haber un nuevo trato entre el Estado y sus universidades, nosotros ya sabemos que lo que viene después son los ataques y acusaciones de todo tipo contra la Universidad de Chile. Como siempre, alzaremos nuestra voz con total claridad y fuerza en defensa de la Universidad de Chile, que es patrimonio de todos los chilenos y chilenas.

Y un último ejemplo simbólico: a pesar que públicamente hemos recibido compromisos de apoyo, seguimos imposibilitados económicamente de iniciar el proyecto para remodelar y restaurar el edificio de la Casa Central de la Universidad de Chile, icono de la educación pública y patrimonio cultural y arquitectónico de la República, y que alberga al patrimonio cultural más importante de nuestra Casa de Estudios: el Archivo Central Andrés Bello. Un edificio que ha sufrido los embates de los terremotos de Santiago en 1985 y en 2010, y que hoy presenta un alto riesgo de siniestralidad. ¿Cuáles serán las explicaciones que se darán el día después de ocurrido un siniestro desbastador que lo lleve a tierra o a cenizas? Como Universidad de Chile hemos hecho todas las gestiones a nuestro alcance para sacar adelante el Nuevo Trato y el proyecto de Casa Central.

Palabras finales

Esta ceremonia es una buena oportunidad para hacer un reconocimiento a los y las estudiantes de la Universidad de Chile por su liderazgo en el movimiento estudiantil que puso a la educación como el principal tema de interés ciudadano del país. Habla muy bien de Chile que estemos hablando de educación y eso nos convierte en un mejor país. Es justo reconocer que los estudiantes de Chile han hecho lo suyo, haciendo gala de un increíble coraje que recuerda nuestra historia, nos han enfrentado con argumentos y han llegado a lo impensado, a emocionar a una buena parte del mundo entero. A ellos y a ellas estuvo dedicada la canción de Violeta Parra que hemos escuchado en esta ceremonia.

Cuando se habla de cambios en la educación y de reformas tributarias para financiarlas y se discute por su distribución, quiero que mis palabras finales vuelvan a ser el eco de los que no tienen voz, los niños y niñas de nuestro país, especialmente de aquellos de los sectores más pobres. Repitiendo lo que dije en el aniversario 170 de nuestra Universidad, “vuelvo a pedir un esfuerzo real y sincero al actual y al futuro Gobierno de Chile y al Congreso Nacional y a los estudiantes universitarios para que desde ahora, ¡y a lo que cueste! se brinde educación parvularia universal y de calidad, según los más altos estándares internacionales, a todos los niños y niñas de Chile, sin ninguna excepción o justificación que pretenda explicar la injusticia que hoy se produce. En la inequidad de la educación parvularia en los sectores más vulnerables está la cuna de las desigualdades que tenemos. Los recursos están, hay que hacer los recortes y reasignaciones presupuestarias necesarias para que esto se pueda cumplir, ahora, no mañana. Las niñas y niños de los sectores pobres no pueden esperar, se les va la vida, y nuestra vida por tanto, en ello. Solo así la vida plena podrá prodigarse en una felicidad encarnada en la materia y en el goce de la vida en común. Si algunas personas consideran que ello no es posible, pues afectaría los equilibrios macroeconómicos del país, los invito a que vayan a donde viven esos niños y niñas, que los miren a los ojos y les expliquen, por qué ellos y ellas no podrán recibir los estímulos adecuados para desarrollar los talentos con que nacieron y continuarán siendo castigados de por vida, por nuestro egoísmo, por nuestra falta de generosidad”. Espero que las y los estudiantes universitarios también estarán dispuestos a marchar por sus hermanas y hermanos menores.

¡Viva la Universidad de Chile! ¡Viva la Universidad de Chile libre! ¡Viva Chile!